La procuraduría general de la Nación hizo un llamado al Gobierno Nacional para que tenga en cuenta el concepto presentado ante la Corte Constitucional el 25 de febrero de 2014, sobre las condiciones para proteger, visibilizar y recuperar el patrimonio cultural sumergido. 

Según el Ministerio Público, Este concepto, más allá de resolver un problema de constitucionalidad, "señaló en su momento la bitácora para la administración de dicha riqueza en los aspectos jurídico, patrimonial, cultural y económico. Para la Procuraduría, el derecho de propiedad de los bienes hallados que sean producto de hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido 100 años o más a partir de la ocurrencia del hecho, independientemente de que formen o no formen parte del patrimonio cultural sumergido, pertenece a la Nación".

La procuraduría recordó que una vez hechas las labores de intervención en el hallazgo, debe levantarse un archivo científica y técnicamente "completo, integral y detallado de todo el hallazgo", el cual debe ser entregado "en su totalidad" al ministerio de Cultura. 

Señaló asimismo el Ministerio Público que debe entregarse al Banco de la República una muestra representativa del material y bienes extraídos que no constituyan patrimonio cultural sumergido bajo el concepto de “repetición”, especialmente de materiales preciosos en su estado bruto y de bienes que hubieren tenido valor de cambio o fiscal, tales como lingotes, barras o monedas.

"Antes de acudir al mercado para contratar las labores de exploración e intervención del patrimonio cultural sumergido, el Estado colombiano debe intentar asumirlas directamente haciendo los contratos interadministrativos pertinentes con las entidades públicas nacionales y del resto del mundo, y sólo si se llega a determinar que no le es posible realizar directamente dichas labores, sí puede acudir a su contratación, nacional o internacional", advirtió la Procuraduría.